Recientemente en la Audiencia Provincial se ha empezado a juzgar el caso Arona; por el que pasarán políticos, funcionarios y empresarios por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho. Se juzgará a la Junta de Gobierno Local del mandato 2003-2007 por conceder 205 licencias urbanísticas que contaban con advertencia de ilegalidad, con unos 17 acusados en esta causa para los que se piden 47 años de prisión, así como inhabilitación para empleo o cargo público.